Democracia maltratada

La Opinión de Zamora

Cada cual es muy libre de iniciar la revolución que considere, pero que sepa que los actos tienen consecuencias

descargaEl discurso utilizado por los independentistas catalanes y algunos líderes “constitucionalistas” comparando unos, la situación creada en Cataluña con la represión franquista, utilizando el mantra del “derecho a decidir” o llamando, los otros, a la unidad política que hubo en la transición, para justificar o parar el movimiento secesionista en Cataluña, deja al descubierto las carencias argumentales de quien lo utiliza, convirtiéndoles en peligrosos charlatanes agitadores de masas.

Hemos llegado a esta situación tan crítica en la convivencia de nuestro país porque desde la tan evocada transición, no ha habido la evolución política deseable para que los españoles afrontemos sin dramatismo los cambios que se producen en cualquier sociedad avanzada.

Es muy cierto, y a los hechos me remito, que los líderes de los partidos mayoritarios no han tenido o no les ha interesado tener la lucidez necesaria para adaptar el país a las necesidades sociales del momento. Los ciudadanos igualmente, debemos entonar el “mea culpa” por permitirlo. Nos hemos ido acomodando en un espacio de confort en el que las alternancias centristas de los distintos gobiernos con sus mayorías arrolladoras ofrecieron una estabilidad ficticia al encubrir las demandas de una sociedad plural a la que nunca se la tuvo en cuenta o se la utilizó en función de las necesidades partidistas del momento.

Las mayorías en nuestro país han sido un cáncer terrible que han acentuado los agravios entre comunidades y la propagación de las corruptelas. Su metástasis ha sido tan brutal que ha afectado a todas las instituciones de los gobiernos central y autonómico.

Menos mal que nos quedan las Leyes como garantes de la convivencia, ya que sin ellas la democracia no subsistiría. Pero esto que debería ser un principio sagrado, es destruido por unos irresponsables políticos que las manipulan discrecionalmente si entorpecen su ambición política.

Esta irresponsabilidad que ha llevado a la burguesía secesionista catalana, escenificada en el gobierno que preside Carles Puigdemont, a saltarse las Leyes que regulan la convivencia en nuestro país tiene un coste político, social y económico que los infractores deben pagar.

A los costes económicos que supone la mala utilización de los fondos públicos, el desplazamiento de las fuerzas de seguridad del estado, el uso abusivo de todo el aparato judicial, la inseguridad económica que hace que las empresas huyan buscando espacios más estables, etc. hay que añadir el coste social que supone la fractura entre dos sociedades enfrentadas al cincuenta por ciento.

El Estado de Derecho de una vez por todas debe aplicar la Ley en toda su extensión y no dejar al ciudadano, una vez más, con la sensación de que aquí no paga nadie. Las Leyes son los mecanismos que tiene toda democracia para garantizar que políticos irresponsables no conviertan sus gobiernos en cortijos privados, por lo que cada cual es muy libre de iniciar la revolución que considere, pero que sepa que sus actos tienen unas consecuencias por las que debe responder.

La historia más reciente de nuestro país constata que actuaciones socialmente repudiables protagonizadas por servidores públicos no han sido saldadas satisfactoriamente, lo que provoca una sensación de impotencia en los ciudadanos, que ven que no tienen las mismas consecuencias los malos actos protagonizados por unos o por otros.

La situación creada en Cataluña es extremadamente grave y pone sobre la mesa, una vez más, cuestiones tan importantes hasta ahora no suficientemente aclaradas como son la responsabilidad política, civil o penal de los cargos electos. El Sr. Puigdemont y sus acólitos están utilizando al pueblo catalán para sus aspiraciones mesiánicas y no van a dimitir ni a ceder en su empeño, pero para eso están los mecanismos del Estado de Derecho para cesarlos de forma fulminante y que paguen por sus actos.

No me cabe ninguna duda que el respeto a la Ley es lo primero y ya que ahora el discurso político, por no haber sido abordado en su momento o por la radicalidad de las partes ha fracasado, la judicialización de la situación es la única vía para reconducir la situación.

No me cabe la duda igualmente, que el diálogo es la siguiente opción para acercar posiciones y el mejor activo que tenemos los ciudadanos para tender puentes. Llegar a acuerdos en un marco distendido, sin complejos ni prejuicios predefinidos es un escenario que hay que contemplar para que la democracia en nuestro país siga viva, pero con nuevos interlocutores ya que el fracaso actual requiere actores con nuevas ideas, nuevos recursos y más visión de futuro.