Formación y responsabilidad

La Opinión de Zamora

La entrada de los políticos en el sector público se escapa en muchos casos a los requisitos de calidad que se piden a los empleados

Pedro Gallego, Presidente de UPL

Pedro Gallego, Presidente de UPL

El desarrollo del entorno socioeconómico en el que nos movemos depende en gran medida de un sector público dinámico y altamente cualificado que se adapte con rapidez a las situaciones cambiantes de una sociedad cada vez más globalizada. Una formación sólida y especializada en los servidores públicos en general, en los cargos directivos de las Administraciones, Fundaciones y afines, así como en los responsables políticos es imprescindible para estructurar y llevar a cabo políticas eficaces.
Servidor público, con remuneración económica o sin ella, es “aquella persona que se encarga de realizar una tarea con el fin de generar un bienestar entre la sociedad”, es decir que está al servicio de la sociedad. En este grupo están los funcionarios, los empleados públicos y los políticos. Todos ellos tienen la misma finalidad, repito, la de prestar un servicio a la sociedad, pero hay una diferencia muy importante en cuanto a los requisitos y cualificación en su selección que condiciona sustancialmente el resultado final del servicio que deben prestar.

En el cuerpo de empleados públicos se selecciona al personal en base a unos estándares de calidad, al concurso de méritos y en algunos casos concretos a la demostración explicita de sus capacidades para realizar un trabajo determinado. Es cierto que al empleado público en nuestro país algunos le siguen considerando el ejemplo de lo ineficaz y anticuado, pero es evidente que para estar ahí han necesitado demostrar que poseen cualificación y capacidad para poder ejercer con garantías sus funciones.

Esta visión errónea del trabajo realizado por estos servidores públicos, sometidos en muchos casos a las arbitrariedades de los cargos directivos nombrados a dedo por los políticos de turno está cambiando, al ir reconociendo el conjunto de la sociedad su gran preparación profesional y su necesaria imparcialidad en el funcionamiento de las Instituciones. Es necesario que la Administración se racionalice y se dote de los recursos técnicos y humanos adecuados para dar un servicio de calidad. La precariedad en el sector público es perjudicial para el correcto desarrollo de la sociedad y provoca la huida de los mejores profesionales lo que supone una merma en la calidad de los servicios que se deben prestar.
Por contra, la entrada de los políticos en el sector público, bien por elección o por designación, en muchos casos se escapa a los requisitos de calidad que se han requerido para los empleados públicos para ejercer unas funciones determinadas.
Me llama la atención las carencias que hay en la mayoría de los currículum de los políticos, como el desconocimiento de idiomas, la poca o nula influencia que tiene su formación académica, si es que disponen de ella, o la falta de experiencia profesional en el cargo de responsabilidad que van a ocupar. Esto en el sector privado no ocurre, en donde los mejor formados y con más experiencia son los que ocupan los puestos de especial relevancia.
Las competencias en las corporaciones municipales son muchas y muy variadas, que requieren igualmente de personal altamente cualificado y con experiencia para llevar a cabo la gestión de los servicios públicos. Si esto no es así se produce un divorcio entre los empleados públicos y los responsables políticos que deberían ir a la par con el objeto de ejecutar de manera eficaz las políticas diseñadas.
Las refriegas dialécticas protagonizadas en los últimos días por los representantes del Equipo de Gobierno benaventano y la oposición a costa de la recepción de una obra que se encuentra en un estado lamentable, confirman lo dicho. Interpretaciones de la Ley erróneas para unos y correctas para otros, recepciones de obras mal ejecutadas para unos y para los otros perfectamente realizadas. Esto me lleva a confirmar mi postura que “maestrillo a tu librillo” y si a ninguna empresa privada se le ocurriría poner como responsable de una actividad a personas sin cualificación demostrada ¿Por qué en muchos puestos ocupados por políticos sucede así?