Iguales ante la ley

La Opinión de Zamora

Era impensable que una infanta de España se sentara en el banquillo y que un yerno del rey fuera condenado

gallego-pedro-angel[1]Que la sociedad crea en una Administración de Justicia imparcial e independiente es crucial para preservar los principios básicos de la democracia. Es cierto que estamos más cerca de conseguir “ser iguales ante la Ley”, pero la realidad diaria nos confirma que este precepto constitucional con mucha letra pequeña es, en muchos casos, un peligroso brindis al sol. Peligroso porque la ciudadanía percibe una grave desigualdad en la aplicación de la Ley, ya que a través de resquicios legales como aforamientos indiscriminados, indultos, beneficios penitenciarios, etc. Los verdaderos delincuentes se van de rositas y las cárceles siguen llenas de raterillos cuya reinserción social se ve limitada por el cumplimiento estricto de las condenas dictadas. Esto impide el desarrollo normal de la sociedad, radicaliza a los ciudadanos y empobrece los valores cívicos.

Varias veces he comentado que la regeneración de la vida pública pasa, entre otras cuestiones, porque los políticos comprendan en toda su extensión el papel que voluntariamente como servidores públicos han elegido y de esta forma se consideren iguales ante la Ley. El aforamiento es una discriminación grave en la aplicación de la Ley y antagónico al concepto de igualdad. Debe ser revisable y tender a una eliminación total del ordenamiento jurídico español.

Me sigue llamando la atención que por parte de algunas formaciones políticas se continúe insistiendo en la eterna discusión si un político debe dejar la actividad pública al estar imputado y sin condena firme.

El político en su condición de servidor público está obligado a dar siempre una información veraz, es decir no puede mentir. Si está imputado tiene derecho a callar y no declararse culpable, incluso para defenderse podría no decir la verdad, lo que está en contradicción con sus obligaciones como político, por lo que resulta razonable que para defenderse como imputado deba abandonar la vida pública.

Por fin, aunque parcialmente, la clase política se está dando cuenta de la terrible aberración que supone para el conjunto de los ciudadanos que un condenado por la justicia sea indultado por el gobierno de turno. En el Pleno del Congreso del pasado 14 de febrero todos los grupos parlamentarios respaldaron una proposición de ley del PSOE que modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, que data ni más ni menos que de 1870, para prohibir que esta medida se conceda a condenados por corrupción y por delitos de violencia de género.

Los datos de indultos son muy llamativos y nos muestran la discrecionalidad con que se aplican. En 2016 el Gobierno concedió 27 indultos a delincuentes condenados, un tercio del año anterior, que contrasta con los 245 concedidos en 2011 o los 543 del año 2007.

A todas luces la propuesta del PSOE es un avance hacia una Administración de Justicia más igualitaria e independiente, pero evidentemente se ha quedado muy corta, ya que solo abarca a los casos de corrupción y delitos de violencia de género. ¿No producen igual alarma y repulsa social los delitos de terrorismo, pederastia o fraude? Por ejemplo, ¿por qué unos sí y otros no? Es importante tomar conciencia que la Ley está para cumplirla y por lo tanto hay que avanzar hacia una reforma legal que prohíba todo tipo de indulto y que sean los tribunales los únicos competentes en aplicar o no la condena impuesta.

Estoy convencido que el intento secesionista promovido por unos iluminados gobernantes en Cataluña no va a concluir en el objetivo planteado, pero la intentona está dejando una herida grave y profunda en la convivencia entre los españoles. Esto no se puede permitir y los jueces tienen que aplicar la Ley con todo el rigor. Si muestran tibieza con los que han incumplido los mandatos judiciales y han provocado una fractura social difícil de reparar, estarán dando la razón a quienes siguen pensando que la aplicación de la Ley no afecta por igual a todos los españoles.

Era impensable hace unos años que una Infanta de España se sentara en un banquillo y que un yerno del rey fuera condenado. Algo está cambiando en una sociedad harta de tanto filibustero. Ahora solo hace falta que la justicia sea asequible a todos los bolsillos, desaparezca el indulto, que los que roban devuelvan lo robado y que algunos políticos no se crean que están por encima de la justicia y quieran hacer realidad lo de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Algo está cambiando, pero la sociedad demanda urgentemente, jueces imparciales que hagan su trabajo y no héroes sometidos a múltiples presiones que equivoquen sus veredictos.