La jueza aprecia un presunto delito de prevaricación del alcalde de Castrocontrigo al dar una ayuda a la natalidad

 

La instrucción del caso se cierra con la inculpación del alcalde y dos concejales

 

A. DOMINGO | REDACCIÓN 09/11/2014 DEiario de León

El alcalde de Castrocontrigo, Aureliano Fernández Justel, del PP, y sus dos tenientes de alcalde, que forman con el primero la Junta de Gobierno Local, Celestino Fuente Gil y Alejandra Lafuente Turrado, podrían sentarse en el banquillo de los acusados por la comisión de un presunto delito de prevaricación, cometido al otorgar una ayuda a la natalidad a un matrimonio que no cumplía los requisitos de la ordenanza municipal que regula este subsidio.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Bañeza inculpa a los tres citados en el auto en el que insta la continuidad de las diligencias previas por el trámite de procedimiento abreviado y al Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares a formular escrito de acusación y solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Contra la decisión judicial cabe interponer recurso de apelación o recurso de reforma y subsidiario de apelación, que podría acabar resolviendo la Audiencia Provincial.

En un escueto escrito, la instructora señala que los miembros de la Junta de Gobierno Local de Castrocontrigo, en su sesión del 11 de marzo de 2013, «acordaron conceder la subvención por natalidad solicitada […] aun conociendo que era una decisión contraria a las bases aprobadas por el Ayuntamiento» del valle de Eria, que exigen el empadronamiento de los padres en el municipio «con la antelación mínima de un año a la fecha de nacimiento del hijo», añade en el auto, fechado el 30 de octubre.

La denuncia

La investigación de los hechos se inició cuando el grupo municipal de la UPL trasladó el expediente a la Fiscalía de la Audiencia Provincial en el verano de 2013. En la documentación consta un informe de la Secretaría-Intervención municipal, en el que constaba que la solicitud de ayuda, presentada por la madre, no se ajustaba a la ordenanza. Sin embargo, se acordó la concesión de la ayuda, por un importe de 300 euros.

Tras estudiar los hechos, el Ministerio Público formuló denuncia ante el Juzgado decano de La Bañeza a mediados de enero.