La responsabilidad política la pagan los ciudadanos

– La Opinión de Zamora

Las formaciones de corte político son una gran agencia de colocación

responsabilidad-politicaCon las últimas sentencias de los tribunales de justicia que condenan al Ayuntamiento de Benavente a indemnizar a los trabajadores indebidamente despedidos, se vuelve a reabrir el eterno debate sobre las responsabilidades de los políticos en sus actuaciones como gestores públicos. ¿Es lógico que los benaventanos a través de los tributos, paguemos indemnizaciones porque sus gestores no actuaron diligentemente? Espero que nadie me tache de demagogo, pero considero que no es lógico.

Estamos viendo, y esto será otro debate, que los políticos cuando llegan al poder y a pesar de haber criticado con anterioridad a los contrarios por las subidas de sueldos o la liberación de más o menos concejales, entienden que su actividad debe estar remunerada e inmediatamente así lo establecen, alegando que su dedicación, como cualquier otra, debe tener una compensación económica.

Pues bien, la política es una actividad ideológica en la que se toman decisiones para alcanzar unos objetivos que favorezcan al conjunto de los ciudadanos. Aunque es voluntaria es una actividad en la que se gestionan bienes y servicios públicos por lo que remunerada o no, quienes ejercemos la política debemos rendir cuentas como cualquier trabajador con capacidad de decisión. La tan mal usada “responsabilidad política” es un término que a los ciudadanos les produce indignación porque la historia ha demostrado que bajo esa cobertura se han cometido negligencias, robos, expolios y malversaciones con total impunidad. El ejercicio de la responsabilidad y la justicia es igual para todos y todos debemos estar bajo el mismo paraguas.

La verdad es que huele mal, pero que muy mal, que la regularización de los puestos de trabajo del consistorio benaventano lleve tantos años sin adaptarse a las necesidades reales de los servicios que presta el Ayuntamiento y que contratos temporales realizados por distintos equipos de gobierno por despiste, desidia o comodidad adquieran la condición de contrato indefinido. Esto me lleva a realizar una reflexión sobre tres cuestiones.

La primera es dilucidar por qué los técnicos del Ayuntamiento no finiquitaron los contratos temporales en el plazo establecido. Quizá avisaron, pero la realidad es que se fueron encadenando contratos o simplemente pasó el tiempo con la consecuencia que se convirtieron en indefinidos. La segunda cuestión es determinar la responsabilidad del político que consideró y presupuestó la plaza en su momento por un tiempo determinado y no estuvo vigilante para que ese coste no siguiera repercutiendo en el presupuesto municipal. Si consideraba que ese puesto de trabajo era necesario, como servidor público debería haber dado opción a otros demandantes de empleo hasta que se regularizase la situación. Y la tercera cuestión es ¿dónde estaban los sindicatos que deberían haber velado porque el empleo público en el consistorio fuera transparente y de esta forma permitir el acceso a otros trabajadores en igualdad de condiciones?

Me llama la atención que el PP benaventano tache de agencia de colocación al Ayuntamiento de Benavente en clara referencia a los sueldos y liberaciones de los miembros del actual Equipo de Gobierno. ¿No es más correcto decir que la mayor agencia de colocación son las formaciones políticas? Evidentemente, no son los ciudadanos los que proponen a las personas que van a ser candidatos a concejales, procuradores, diputados o senadores y valoran sus méritos para obtener la candidatura. Son los aparatos de los partidos políticos quienes lo hacen por ellos. Por lo tanto las formaciones políticas, además de ser una gran agencia de colocación, son responsables subsidiarios de las actuaciones de los candidatos que posteriormente obtienen la condición de servidores públicos.

Mucho dinero se está escapando de las arcas municipales benaventanas por una más que cuestionable actuación de sus gobernantes, como los intereses por la devolución de subvenciones no ejecutadas, las indemnizaciones por despidos improcedentes, los intereses por la deuda contraída para pagar los desperfectos producidos en los cuestos de la Mota por la innecesaria construcción de la malograda pasarela, los ornatos públicos de dudoso gusto y utilidad y las posibles sanciones pendientes de resolución en expedientes abiertos por la administración autonómica por supuesto incumplimiento de Ley. Todo esto lleva a reafirmarme en mi posición de que la mala gestión de los intereses públicos no la puede pagar los ciudadanos.

Esta es una de las reformas legales que es inevitable abordar, que paguen los políticos por su negligencia o incapacidad o bien subsidiariamente los partidos que los designaron pero no lo ciudadanos, que a fin de cuentas ellos no los eligen.