UPL REITERA QUE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PLANTEADA POR LA JUNTA CARECE DE SENTIDO Y PIDE ELIMINAR ESTA REGULACIÓN TAN ABSURDA.

 

Establecer una Unidad de Ordenación Urbana en Ponferrada que abarque municipios de la Maragatería parece un chiste del que desconocemos si se ríe también el PP y PSOE de León.
Ricardo Pomar Secretario Comarcal de Astorga

Ricardo Pomar
Secretario Comarcal de Astorga

UPL se ha posicionado en contra, no sólo en las Cortes, también en las corporaciones locales, de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, por considerarla una chapuza que no viene a solucionar los problemas de los ciudadanos sino a crear nuevos frentes sin que se produzca ningún tipo de ahorro y sí mucha confusión entre los ciudadanos, cargos públicos y personal al servicio de la administración.

El tiempo desgraciadamente nos está dando la razón y ahora vemos como los pasos que se están dando desde el PSOE y PP de Castilla y León a la hora de establecer el mapa definitivo constituyen un nuevo despropósito.

Cuando se elaboró el primer mapa de ordenación rural de la Provincia de Valladolid vimos, a título de ejemplo, como se anexionaba el municipio leonés de Izagre a la unidad vallisoletana de Mayorga y, en esta ocasión, con objeto del establecimiento de las unidades urbanas vemos como se anexionan municipios de la maragatería a Ponferrada, sin tener en cuenta ningún criterio geográfico, comunicativo ni cultural. El único criterio utilizado es el de unos burócratas que, compás en mano, desde Valladolid establecen un mapa sin tener en cuenta la realidad física e incluso la realidad administrativa ya que algunos municipios de la unidad de Ponferrada pertenecen al Consejo Comarcal del Bierzo y otros a la Maragatería.

Reiteramos que el objetivo de ambas formaciones es poder alcanzar la mayoría de dos tercios en las Cortes para estos mapas sean definitivos y que las Unidades de Ordenación y Servicios que ellos establezcan de forma bilateral, sin verdadero poder efectivo de decisión por parte de las corporaciones locales (como se establece en el artículo 43), terminen dando lugar a lo que luego serán las Mancomunidades de Interés General, en este caso urbanas.

A estas alturas, lo único que podemos esperar los ciudadanos es que su incompetencia les lleve a seguir demorando la aplicación de esta Ley que no convence a nadie porque a la defensa de nuestras instituciones, como las Juntas Vecinales, sabemos que la Junta de Castilla y León renunció hace mucho (si alguna vez le interesó, que lo dudamos).

Y finalmente nos preguntamos también si los responsables de estos partidos en la Provincia defenderán los intereses de estos municipios o se limitarán, como hacen siempre, a decir una cosa en León y otra en Valladolid para que no se enfaden sus “jefes” autonómicos.